EL SALVADOR: TRES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO EN LISTA DE PRESUNTOS CORRUPTOS DE EEUU

SAN SALVADOR.- El Congreso de Estados Unidos recibió en abril del presente año el reporte de 90 oficiales vinculados a la corrupción de Guatemala, Honduras y El Salvador, los nombres fueron desclasificados el 4 de mayo.

El listado incluye a personas vinculadas al presidente de la República de El Salvador; se suma el ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y un alto funcionario del FMLN, José Luis Merino. El diputado del partido GANA, Guillermo Gallegos, también está incluido en la lista y se suma el exministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas.

“Estos son los salvadoreños del anexo del reporte de 90 días de oficiales corruptos en El Salvador, Honduras y Guatemala transmitidos al congreso en abril de 2021”, reza el documento desclasificado el 4 de mayo de 2021. Este forma parte de un listado parcial remitido por el Departamento de Estado (equivalente al ministerio de Relaciones Exteriores de EE. UU.) a los comités que evalúan relaciones exteriores y erogación de fondos en el Congreso, informó El Diario de Hoy.

No es la lista Engel

Los nombres dados a conocer el lunes no forman parte de la famosa Lista Engel, que obliga al Ejecutivo de ese país a informar al Congreso quiénes son los funcionarios corruptos o vinculados a violaciones a derechos humanos en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Estos constituyen un listado preliminar. Una fuente cercana a la Casa Blanca, que pidió no ser identificada, explicó que si bien no es el listado Engel, es posible que los nombres dados a conocer ayer puedan salir en esta esperada lista en su momento.

Hoy, elfaro.net informó que se trata de parte de una lista mayor enviada a inicios de abril al despacho de la congresista californiana Norma Torres, y que incluye también a funcionarios de Honduras y Guatemala. Los nombres conocidos este lunes aparecían como clasificados en la primera versión del documento, lo que frenó su difusión. En las últimas semanas Torres había solicitado, en reuniones directas con representantes de la administración de Joe Biden, que el contenido se desclasificara.

En cuanto a Merino y de Gallegos, el documento dice que han estado involucrados “en significativos actos de corrupción” a lo largo de su tiempo en cargos públicos. José Luis Merino es desde hace décadas uno de los principales dirigentes del FMLN y entre 2016 y 2019 fue viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno efemelenista de Salvador Sánchez Cerén. Por años estuvo al frente de las operaciones en El Salvador de la empresa de economía mixta Alba Petroleos de El Salvador, vinculada a diversos casos de corrupción y de la que el presidente Bukele recibió préstamos por US$1.9 millones en 2013. Merino ya ha aparecido anteriormente en listas estadounidenses de funcionarios bajo investigación por corrupción. La Fiscalía salvadoreña allanó sus oficinas el 1 de junio de 2019 por sospechas de lavado de dinero.

Jefa de gabinete
“Carolina Recinos, actual jefa de gabinete en el Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha participado en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”. Así se refiere, literalmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos a una de las funcionarias de mayor peso en el actual Gobierno de El Salvador, miembro del pequeño círculo de confianza del presidente desde que éste comenzó su carrera política hace nueve años como alcalde del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán.

La lista es firmada por Naz Durakogly, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento de Estado, y dirigida a los siguientes destinatarios:

Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Comité de Relaciones Exteriores del Senado..
Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
Comité de Asignaciones del Senado.
Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes sobre Programas Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.
Subcomité de Asignaciones del Senado sobre Operaciones Estatales, Extranjeras y Programas Relacionados.

“Bukele es consciente de que sus acciones dictatoriales son un desafío directo a Estados Unidos”

El senador estadounidense, Patrick Leahy, lanzó este lunes un duro comunicado condenando los golpes a la institucionalidad por parte de Nayib Bukele y su bancada oficialista. Asimismo, criticó la obstrucción del gobierno actual al combate a la corrupción.

El 1 de mayo, el bloque afín al Ejecutivo en la Asamblea Legislativa destituyó, sin seguir el procedimiento legal, al fiscal general de la República, Raúl Melara. Posteriormente, como explica Leahy, la Asamblea “nombró un aliado (del oficialismo) para reemplazarlo. Todo esto es contrario a las exigencias de la Constitución y genera serias dudas sobre la futura independencia de la Fiscalía”.

“El fiscal general puede ser removido por una mayoría legislativa por razones justificadas y siguiendo el debido proceso. La recientemente electa Asamblea Nacional podía seleccionar un nuevo fiscal general para reemplazar al Fiscal General Raúl Melara, cuyo mandato expiraba en siete meses, el 6 de enero del 2022. Sin embargo, el primero de mayo, el Presidente Bukele destituyó, a través de la super mayoría que posee su partido en la Asamblea Legislativa, al Sr. Melara sin presentar ninguna justificación legal y nombró a un aliado para reemplazarlo. Todo esto es contrario a las exigencias de la Constitución y genera serias dudas sobre la futura independencia de la Fiscalía”, dijo Leahy en un comunicado.

Leahy dijo que previo a su destitución, el Fiscal General Melara estaba investigando con el apoyo de los Estados Unidos una serie de casos de corrupción que implican a altos funcionarios gubernamentales, incluyendo un caso multibillonario de lavado de dinero. “Coincidentemente, la semana pasada, en una movida que solo puede ser interpretada como un esfuerzo flagrante por promover la impunidad, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que otorga inmunidad de forma retroactiva a todos aquellos funcionarios públicos implicados en casos de corrupción asociados a compras públicas durante la pandemia Covid-19. La semana pasada, el asistente del fiscal general a cargo de la unidad anticorrupción presentó su renuncia por razones que aún no han sido explicadas y fue reemplazado inmediatamente por un funcionario leal a Bukele”.

Leahy subrayó: “el Presidente Bukele es consciente de que sus acciones dictatoriales son un desafío directo a Estados Unidos de América y al énfasis del gobierno del Presidente Biden en la democracia, los derechos humanos y el combate contra la corrupción en la región. Ante las críticas provenientes de la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos, Bukele podría insinuar acercamiento a China como alternativa a Estados Unidos, como si un caballero de radiante armadura de Beijing pudiera galopar en El Salvador y resolver sus problemas”.

“Pero el pueblo salvadoreño no tiene ninguna conexión con China y no van a tirar por la borda una relación de larga data con Estados Unidos. El comercio con China siempre ha sido de una sola vía, a favor de China, y ha estado caracterizado por prácticas de precios muy baratos (dumping) que han destruido la industria local. No hay exportaciones significativas de ningún producto salvadoreño a China, excepto algunos cargamentos de azúcar y café. Los proyectos de infraestructura chinos, como en el resto del mundo, no generan empleo local ya que China envía acero, concreto e incluso mano de obra china para construir la infraestructura. El sector privado salvadoreño sabe que China no es la respuesta. Ellos también saben que el país no podrá prosperar sin instituciones democráticas y sin Estado de derecho”.

“El Salvador es un país soberano e independiente y el Presidente Bukele fue elegido democráticamente. Bukele toma sus propias decisiones. Pero las decisiones que él y sus aliados toman en la Asamblea Legislativa, las cuales están destruyendo las instituciones democráticas de El Salvador y empoderando de nuevo a las Fuerzas Armadas, tienen consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Tienen consecuencias en nuestros programas de ayuda y en nuestro apoyo para financiar a El Salvador a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). También tienen consecuencias en nuestras relaciones comerciales y en la emisión de visas”, agregó Leahy.

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