PAGAN CON SU VIDA EL PRECIO DE DEFENDER EL MEDIO AMBIENTE

  • Colombia, México y Filipinas encabezan la deshonrosa estadística mundial de homicidio de personas defensoras de la tierra y del medioambiente

BOGOTÁ.- A Gonzalo Cardona, “guardián del loro orejiamarillo” de Colombia, lo acribillaron por proteger a una especie en peligro de extinción. A Yobani Carranza, un líder ambiental, sicarios lo asesinaron en Valledupar por defender el territorio, y a Margarigo Salas, un guía turístico, los paramilitares le quitaron la vida por trabajar con las comunidades del selvático Chocó.

Los tres pagaron con su vida el precio de defender el medio ambiente, fueron acorralados en lugares donde las balas son ley y les quitaron la voz para que no incomodaran a bandas armadas o grupos económicos con intereses mineros, madereros, ganaderos o petroleros.

Los tres engrosaron el listado de líderes ambientales asesinados en Colombia, país que en 2020 encabezó por segundo año consecutivo la deshonrosa estadística mundial con el homicidio de 65 personas defensoras de la tierra y del medioambiente, le siguen México (30) y Filipinas (29), según el informe “Última línea de defensa” de la ONG británica Global Witness.

“Indudablemente, la situación de los líderes sociales ambientales en Colombia es supremamente preocupante”, advierte a Efe Lourdes Castro, coordinadora de la organización Somos Defensores. “Somos el país en el que más asesinatos se cometen contra las personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio”, lamenta.

ABANDONAR UNA LUCHA

Los riesgos para las especies y las amenazas contra la biodiversidad, que ponen en peligro la riqueza de los ecosistemas del país, se extienden a los líderes ambientales. Con cada asesinato la defensa de la tierra se queda huérfana y los criminales consiguen su propósito: atemorizar a los que quedan vivos hasta silenciarlos.

En el primer semestre de este año fueron asesinados 58 líderes, tres de ellos activistas ambientales, según el informe “Resiste” que fue divulgado el pasado martes por Somos Defensores, un programa no gubernamental cuyas investigaciones sirven de insumo para el reporte anual de Global Witness.

El panorama es poco alentador. En las zonas rurales del país se imponen los grupos paramilitares y otras bandas criminales que durante la pandemia del coronavirus aprovecharon la ausencia del Estado para expandir su control.

El fortalecimiento de esos grupos dejó todavía más expuestos a los líderes mientras la institucionalidad se enfocaba en superar la crisis de la emergencia sanitaria.

“Lo más grave es que tampoco se vislumbra que esta situación pueda cambiar, porque los líderes están en la mira de múltiples intereses” económicos, políticos e ilegales, señala Castro.

¿QUIÉN LOS PROTEGE?

Los líderes ambientales forman la última línea de defensa contra el colapso climático, ha reclamado Global Witness para exigir a los Estados no dejar atrás a los más indefensos, pues la tercera parte de los homicidios que documentó fueron contra líderes indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron contra personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala.

“Esa complejidad, en un contexto en el que en Colombia se están reconfigurando las violencias en los territorios, hace temer que difícilmente esto pueda mejorar de un momento a otro”, pronostica Castro.

Las organizaciones advierten con preocupación de que a medida que se agrava la crisis climática empeora el panorama contra quienes protegen la tierra, pues “la codicia que impulsa la crisis climática también está impulsando la violencia contra las personas defensoras”.

Por eso lamentan el fracaso de mecanismos como el Acuerdo de Escazú en Colombia, un tratado que establece compromisos para garantizar la participación ciudadana en la gestión ambiental y estándares de acceso a la información y toma de decisiones en materia también ambiental.

El acuerdo regional establece además que los Estados deben garantizar un entorno seguro para estos líderes y tomar medidas para prevenir, investigar y llevar ante la Justicia a los responsables de los ataques, pero Global Witness advierte que de los 24 países que lo firmaron solo 12 lo ratificaron a principios de 2021, listado en el que no está incluida Colombia.

“Entre los países que se encuentran rezagados se incluyen aquellos con altos niveles de ataques contra los defensores, como Colombia y Brasil”, precisa la organización al alertar de que “las personas que buscan proteger su tierra y el medio ambiente están cada vez más atrapadas en esta espiral de violencia”.

Pero las autoridades colombianas insisten en que el país cuenta con mecanismos suficientes para proteger a los defensores ambientales, aunque desde la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016 entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC han sido asesinados 611 líderes ambientales, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

“Si realmente tuviéramos herramientas para proteger a los defensores no ocuparíamos el primer lugar del mundo en agresiones a los líderes ambientales. Los datos rebaten ese argumento”, alega Castro.

Klarem Valoyes Gutiérrez / SWISSINFO

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